Acción de inconstitucionalidad local

Por Bernardo González Garza, Procurador de Nuevo León

El día 17 de diciembre del 2014 dio inició la vigencia de la Ley Reglamentaria del Artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Con ello se habilita al Procurador de Justicia del Estado para impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia, normas generales expedidas por el Congreso del Estado o por cualquier ayuntamiento, que en abstracto violen la Constitución Política del Estado de Nuevo León.

La acción de inconstitucionalidad es una institución de rango constitucional que tiene por objeto dirimir los conflictos normativos entre una o más  normas generales de rango infraconstitucional y las normas de la Constitución; en nuestro caso se trata de la Constitución local, ubicada como la norma fundamental del régimen jurídico interior de nuestra entidad. Debido a circunstancias diversas, en Nuevo León no se tuvo una Ley Reglamentaria que regulara este tipo de acciones sino hasta 2014, sin embargo, vale la pena recordar que la acción de inconstitucionalidad ha servido a las grandes democracias constitucionales de Europa, para que, a través de las sentencias de los Tribunales Constitucionales, puedan ir depurando el ordenamiento jurídico conforme a las reglas y al orden de valores de la Constitución. En pocas palabras, es la verdadera garantía jurisdiccional del principio de supremacía constitucional y por tanto no debe ser entendida como si se tratara de una táctica de obstrucción de las leyes sino de una institución fundamental para el control de éstas, garantizando la certeza y congruencia del ordenamiento jurídico. Otra visión correspondería a una idea jacobina de las leyes, de legisladores todopoderosos, que nada tiene que ver con los principios constitucionales que a partir de la novena época, -y sobre todo en la décima- han venido transformando los paradigmas de interpretación del Estado Mexicano.

La importancia de este medio de control constitucional radica, por una parte, en que el análisis de la constitucionalidad se hace en abstracto, desligado de cualquier caso concreto, sin que sea necesario que la aplicación de la misma hubiera causado agravio a un particular, y por otra, en los efectos generales de la determinación del Tribunal Constitucional, si la invalidez de las normas impugnadas fuera aprobada por al menos las dos terceras partes de los magistrados integrantes del Pleno, quedando claro que la acción de inconstitucionalidad se promueve con el único propósito de preservar la supremacía constitucional.

La Constitución de nuestra entidad, en su artículo 95,  me reconoce como sujeto activo de la acción de inconstitucionalidad, responsabilidad que aparece, en mi opinión, como una de las más grandes que tiene el Titular del Ministerio Público junto con la investigación y persecución de los delitos. De modo que, la decisión de asumir esta facultad constituye un noble esfuerzo por procurar que la Justicia Constitucional local  pueda ejercer su misión de ser guardián de la Carta Magna de Nuevo León, a través de una interpretación que comprenda al texto constitucional como orden de valores al que las autoridades no pueden trasgredir.

En ese contexto, tuve la oportunidad de ejercer, el día 16 de junio del presente año, por primera vez en la historia del Estado, acción de inconstitucionalidad para plantear al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la incongruencia de diversas disposiciones contenidas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, por considerar que estas son contrarias a lo establecido en la Constitución Política del Estado; lo anterior con la única intención de que el Tribunal declare la invalidez de las disposiciones impugnadas y ordene su expulsión del ordenamiento jurídico, quedando a salvo aquellas normas que sean conformes con la Constitución local.

En la especie, la Procuraduría a mi cargo sostiene que en diversos dispositivos del decreto aprobado por el H. Congreso del Estado, se conculcan los derechos humanos de audiencia previa y debido proceso; contraviene el principio de certeza y seguridad jurídica; transgrede el derecho humano de inviolabilidad del domicilio; es contrario al derecho de tutela judicial efectiva; particularmente se advierte la violación al derecho de no discriminación, lo que trasciende en el caso al tratarse de una Ley cuyo objeto esencial es precisamente la no discriminación, y por último prescribe el decreto, en contrario a la prohibición constitucional de imponer sanciones que podrían devenir excesivas en perjuicio del sujeto sancionado. Todo lo anterior deberá ser estudiado por el Pleno del Tribunal para declarar en su momento la invalidez de las disposiciones que se estima transgreden el orden constitucional.

El inicio de la acción de inconstitucional en cita, constituye un legítimo ejercicio de autonomía del órgano de procuración de justicia, ya que al erigirse en defensor de la Constitución, también demuestra claramente la independencia respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, puesto que se impugna no solo el acto legislativo, consistente en diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar  la Discriminación, sino además su promulgación y publicación, a cargo del Ejecutivo, sin que ello atente contra la vigencia del ordenamiento, es decir, la Ley cuyos contenidos de controvierten es aplicable hasta en tanto el Pleno del Tribunal declare la invalidez de dichos contenidos y con ello sean expulsadas del orden jurídico local, quedando de nueva cuenta bajo la tutela legislativa la adecuación de la ley en la materia para proveer a su plena eficacia y armonía constitucional.

Debo insistir, que la atribución ahora a mi cargo, tiene como finalidad primigenia la defensa de la Constitución y se realiza en justo ánimo de garantizar la realización de los principios consagrados en ella. Esto no demerita en lo más mínimo el trabajo legislativo o el del Ejecutivo, en razón de que la demanda de acción de inconstitucionalidad pretende justamente armonizar las leyes secundarias a la Constitución, en el entendido, además, de legítimo cumplimiento a una de las obligaciones inherentes a la función, lo que al realizarse por primera vez en la entidad, posiciona al órgano procurador de justicia como un decidido protector de la jerarquía constitucional y promotor de los Derechos Humanos.

 

Contacto: bernardo.gonzalez@nuevoleon.com.mx , b.gonzalezgarza@gmail.com, gdelbosque30@gmail.com,