Alto al secuestro del transporte público

Por Víctor Fuentes Solís / Senador del PAN por Nuevo León

Ayer, el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León decidió votar en contra del alza de tarifas para rutas, Metro, taxis y mototaxis. Un reconocimiento especial a quienes de esta manera rechazaron la pretensión de unos cuantos de castigar a la economía familiar. El interés general siempre debe estar por encima del particular.

Sin embargo, el problema no está resuelto. Se esperan acciones de presión por un puñado de familias que tienen secuestrado el servicio de transporte desde hace años. El propio Gobernador Jaime Rodríguez Calderón prometió en su campaña por Nuevo León que resolvería la situación. No ha sido así. Por el contrario, se ha recrudecido con precios injustos, paros y amenazas de suspensión de rutas.

La semana pasada “El Bronco” anunció la supuesta solución: adquirir todas las rutas de camiones urbanos del área metropolitana de Monterrey, para lo cual solicitó al Congreso local le autorice un endeudamiento por 4 mil 910 millones de pesos para comprar 4 mil 200 unidades. ¡Qué ocurrencia!

El planteamiento no sólo carece de elementos jurídicos y técnicos, sino que también de factibilidad política. Si el Gobierno del Estado no ha podido con la Ecovía y el Metro, mucho menos podrá con el servicio de transporte público de la zona metropolitana. Imaginemos: si la operación queda bajo el control de “El Bronco”, es mucho más fácil que tenga un bloqueo sindical y así como hoy, por decisión de unas cuantas familias el transporte está secuestrado; más adelante, por una huelga tampoco habrá transporte público.

Ahora bien, después de la decisión de este lunes, ¿qué pasaría si la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León decide, como medida de presión, suspender el servicio?  Lo que procede es la revocación de las concesiones con base en el artículo 84 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado. Si el concesionario incumple cualquiera de las obligaciones contraídas su concesión deberá cancelarse, sin considerar las implicaciones penales por delito de sabotaje.

Sea cual sea la decisión final del Gobierno estatal, no debe estar centrada en la voluntad de unos cuantos. Ni el Gobernador ni el Consejo de Transporte deben permitir que este servicio público tan importante esté secuestrado por unos cuantos empresarios malintencionados. Un Estado de primera merece un transporte de primera.

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¡Nuevo León es grande!