Criterios judiciales

 

Por Javier Garza y Garza / Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado

Como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, he tenido la experiencia de ver cómo los jueces del fuero común, han resuelto con diversidad de criterios, esto se ha visto en diversos asuntos que se han judicializado y se han realizado las imputaciones con los datos de prueba que requiere la Constitución en donde se maneja un estándar mínimo respecto a los datos de prueba, para efecto de que un juez conceda la vinculación a proceso que se solicita por parte del Ministerio Publico.

Por ejemplo, entre otros, se ha dado el caso en el delito de ejercicio indebido ahora llamado ejercicio ilícito de servicio público o Abandono de Funciones Públicas, en donde se realizó la imputación de uno de los directores de una dependencia paraestatal, quien participó en la celebración de los contratos los cuales se tachaban de ilícitos, por no haber seguido los requisitos que la ley exige y determinado juez no analizó los datos de prueba aportados por el Ministerio Público pues refirió que esa persona no había obtenido un beneficio personal, agregando que la elaboración de contratos era parte de su trabajo, pero que esa persona no era la que firmaba el contrato aún y que con su conducta se quebrantó la ley penal y encuadraba en la hipótesis delictiva, procedió a negar la vinculación a proceso, solicitada por el Ministerio Público, situación que se apeló a efecto de que un magistrado del Tribunal Superior de Justicia estudiara el proceder del juez, teniendo como resultado, que en la segunda instancia se confirmara la determinación del juez de primer grado.

Por lo que, se siguió con la investigación y se procedió a integrar la carpeta de investigación ahora en contra de contra quien firmó el contrato, quien tenía la obligación como titular del organismo paraestatal de revisarlo y que estuviera realizado conforme lo establece la ley, es decir que se hubiesen seguido las directrices que regulan ese tipo de contrataciones para poder considerarlo como un contrato licito, se recabaron los datos de prueba que exige la Constitución y se procedió a realizarse la imputación a esa persona.

Sin embargo, otro juez que conoció de esta nueva imputación al momento de resolver sobre la vinculación a proceso, refirió que el imputado no era la persona que elaboraba el contrato y que él nada más actuaba como representante de la dependencia paraestatal, que no tenía responsabilidad debido a que él no elaboró dicho contrato, y que su firma solo se plasmaba porque tenía la facultad de representar a dicha dependencia, y con esos argumentos negó la vinculación a proceso solicitada por el Ministerio Público, situación que también se apeló para que un magistrado estudiara y resolviera el asunto, sin embargo, se tuvo el mismo resultado, es decir que se confirmó la resolución del juez de primer grado, dejando con esos criterios encontrados o más bien no unificados, un caso más en el reino de la impunidad. Situación que obedece a la falta de unificación de criterios judiciales.

En otro caso, en un delito que se persigue de oficio, en el cual estaban integrados los elementos típicos de la hipótesis delictiva, de la misma manera se sometió al control judicial con la respectiva imputación y posterior solicitud de vinculación a proceso, y el argumento toral para negar dicha solicitud fue que no existía denuncia por parte de la Contraloría ni la Auditoria Superior del Estado y que bajo esa circunstancia no podía vincular a proceso al imputado. Dejando también ese asunto en una situación de impunidad.

Contacto: javier.garza@fiscalianl.gob.mx