Denuncian freno a juicios por lesa humanidad en Argentina

Por Notimex

Buenos Aires.- Organismos de derechos humanos denunciaron que durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina se frenaron los juicios que permitieron condenas en contra de 939 represores de la última dictadura militar (1976-1983).

Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones, revelaron la parálisis de los procesos ante el Consejo de la Magistratura, órgano que controla el trabajo de los jueces.

La nota enviada al Consejo explicó que los juicios están en retroceso en particular en los casos en donde se investiga la complicidad de jueces y empresarios en la comisión de delitos de lesa humanidad incluso previos a la dictadura.

Agregó que hay diversas anomalías en la designación de jueces de las causas y destacó en particular el caso del Tribunal Oral Criminal 1 de San Martín, donde están pendientes 21 juicios en contra de decenas de represores.

La semana pasada, el Centro de Información Judicial reveló que desde el año 2008 hubo en todo el país 939 condenas en juicios orales por crímenes de lesa humanidad, es decir, que no prescriben y se pueden investigar y condenar sin importar el tiempo transcurrido.

Pese a que el resto de la región también sufrió regímenes militares, Argentina es el único país que ha logrado construir un mecanismo institucional permanente para condenar los secuestros, torturas, asesinatos desapariciones y robo de bebés sufridos por miles de víctimas.

El país suramericano se colocó a la vanguardia en políticas de derechos humanos y justicia en una región en donde también hubo sangriento regímenes militares en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Los juicios, que son un ejemplo a escala global, son resultado de la larga lucha que llevaron a cabo los organismos de derechos humanos del país sudamericano que hace cuatro décadas comenzaron a exigir justicia, no venganza.

Desde los primeros años de la dictadura, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo salieron a las comisarías y hospitales a buscar a sus hijos y nietos desaparecidos, pero los organismos se fueron multiplicando con el correr del tiempo.

Así se fundaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz y Justicia, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y Familiares y Detenidos por Razones Políticas.

En este andamiaje en favor de los derechos humanos también se sumaron los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y Memoria Abierta.

En 1985, el primer gobierno democrático post dictadura que encabezó Raúl Alfonsín tuvo un primer logro cuando fueron condenados cinco miembros de las juntas militares que gobernaron al país desde 1976 hasta 1983.

La justicia era incompleta, porque los miles de cómplices de los dictadores quedaron libres de culpa y cargo gracias a la aprobación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, mejor conocidas como leyes de impunidad.

En 1989, los avances fueron interrumpidos cuando Carlos Menem indultó a los miembros de las juntas militares condenados cuatro años antes, entre ellos a algunos de los personajes más tenebrosos de la historia latinoamericana, como Jorge Rafael Videla.

Los organismos no se paralizaron y continuaron un trabajo que rindió frutos a partir de 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, quien convirtió los derechos humanos en eje de su gobierno, política que continuaría su esposa y sucesora Cristina Fernández.

Anuladas las leyes de impunidad, los juicios avanzaron pero desde que Macri asumió en diciembre de 2015 se aletargaron y esa será una de las principales denuncias de los organismos en la marcha del próximo viernes en la que conmemorarán el 41 aniversario del inicio de la dictadura.