El Diablo está en los detalles: La distribución territorial de los apoyos ciudadanos

Samuel Hiram Ramírez Mejía / Maestro de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM

La atención mediática de las y los independientes sigue centrada en la eficacia de la aplicación móvil o, incluso, en si debería abrirse a cualquier persona la posibilidad de recopilar apoyos. Esto último es lo que se ha demandado en varios juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, uno de los cuales es el intentado por Pedro Ferriz de Con (SUP-JDC-1036/2017).

Sin embargo, desde mi perspectiva, un problema aún mayor es el requisito de que tales apoyos se distribuyan en al menos 17 estados y, en cada uno de ellos, se tenga cuando menos el 1% de la lista nominal estatal. Es en este detalle en que está el Diablo para las y los aspirantes.

Hasta la fecha, el INE nos informa diariamente el porcentaje de avance de cada aspirante a la Presidencia de la República. Por ejemplo, al inicio de esta semana el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, estaba en primer lugar con el 16.2% de avance; Margarita Zavala en segundo, con el 15%; Marichuy con el 4.1% estaba en tercero; y en cuarto y quinto lugares, respectivamente, Ríos Pitter (3.6%) y Ferriz de Con (3.2%).

Estos reportes, desafortunadamente, no dan cuenta de la distribución territorial de dichos apoyos y tampoco nos indican qué porcentaje representan en cada entidad, tal como se mandata que deben distribuirse los apoyos (art. 371.1 LGIPE). Esta omisión del INE puede afectar la legitimidad de los resultados de esta etapa, porque no sabemos si se está cumpliendo con este “pequeño” y excesivo detalle.

Lo excesivo de este requisito consiste en que equipara la etapa de recopilación de apoyos ciudadanos de las y los aspirantes independientes al proceso de constitución de los partidos políticos. Efectivamente, cuando la norma obliga a una distribución de los apoyos en 17 estados, en realidad está dando un trato semejante a una organización que pretende constituirse como partido político, porque esta debe acreditar que está territorialmente distribuida en el país en al menos 20 estados o en 200 distritos electorales, y justificar que en cada una de las asambleas estatales o distritales, respectivamente, acudieron 3 mil o 300 afiliados. (art. 12 Ley General de Partidos Políticos).

Pero a diferencia de las candidaturas independientes, un partido político pretende estabilidad y permanencia más allá de las elecciones, incluso como oposición; mientras que las candidaturas independientes se agotan en la elección misma, y, en el supuesto de ser electa una persona por esta vía, suponen el ejercicio del gobierno por un período acotado en el tiempo. El propio TEPJF ha sostenido que ambas figuras, partidos políticos y candidaturas independientes, “se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables” (Tesis XXI/2015).

Seguramente, cuando se judicalice esta etapa de apoyos a los aspirantes, tendremos que responder las siguientes preguntas: ¿Por qué no puede una persona recopilar el total de sus apoyos en la entidad o región donde tiene reconocimiento social y dejar para las urnas el apoyo definitivo de su candidatura independiente? ¿Por qué damos un trato normativo equivalente a dos instituciones –independientes y partidos– con funciones distintas en el sistema electoral mexicano? Como anticipé, es ahí en dónde está el mayor obstáculo normativo para poder aparecer en las boletas como independientes, no en la app.

 

Contacto: samuel.ramirez@udem.edu