Fiscalía incluyente

Por Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez / Fiscal General de Justicia de Nuevo León

De nueva cuenta agradezco a Dominio por haber brindado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León la oportunidad de esbozar sus objetivos en la serie de artículos que hoy termina. No solo he querido expresar los temas más evidentes de la función ministerial, sino también de los elementos que constituyen el valor agregado en esta sensible área del servicio público.

Aprovecho este espacio para comentar a los lectores que la Fiscalía está construida sobre una base de legalidad y de justicia. La legalidad, basada en la Constitución y las leyes que de ella emanan, y la justicia, que es cumplir con las metas republicanas que otorgan a cada quien lo que le es debido. Una y otra (legalidad y justicia), hacen inevitable que tengamos una posición muy concreta respecto de los distintos grupos vulnerables que existen en el Estado. Nuestro primer deber es hacerlos visibles, es decir, establecer en nuestros servicios elementos de identificación que nos aseguren que aquellos cuyo reconocimiento de derechos es distinto, pueda ser percibido en forma eficiente por los servidores públicos encargados de la procuración de justicia.

Nos referimos a los niños, niñas y adolescentes, a las personas que viven con alguna discapacidad, a las mujeres que sufren uno o más tipos de violencia, a los migrantes, a los que viven en extrema pobreza, a los grupos indígenas que cohabitan en esta sociedad, a los grupos con forma de vida diferenciada, en general, a todos aquellos a quienes debemos dar un real y efectivo acceso a la justicia. Esto debe hacerse desde la primera instancia, es decir, desde que el ciudadano requiere contactar a la Fiscalía por algún asunto de su competencia, pues en este caso deben tenerse amplios caminos de acceso, así como instrucciones claras para poder brindarles la ayuda que requieren.

Asimismo, se encuentra en que esa atención diferenciada sea continua en los servicios que brindamos, para que estos sean proporcionados en el menor tiempo posible y con la mayor efectividad. Así también se encuentra al final del proceso judicial, puesto que no importa cuál sea el resultado, todas las personas con las que interactuamos deben tener la percepción que siempre ha sido nuestro interés el servirles de la mejor manera posible. No solo la inclusión debe darse hacia nuestros usuarios, sino también hacia el interior, es decir, hacia nuestros mismos compañeros.

Debemos actuar con la prevención que se merece para tener redes de apoyo que nos permitan una relación laboral basada en el humanismo. Existen servidores públicos que viven en alguna de estas circunstancias y hacia ellos también es obligatorio dirigir esfuerzos de reconocimiento y apoyo continuo. Es nuestro deber pensar en nuestros compañeros de trabajo como en miembros de nuestra familia, esta es la base para establecer una cultura laboral adecuada a los propósitos la Fiscalía General de Justicia que estamos construyendo.

Ser incluyente no significa solo diferenciar en el trato, sino adecuar el mismo servicio a las distintas personas que se presentan ante nosotros. Ser incluyente significa, ante todo, saber que la sociedad que servimos se compone de seres humanos especiales en todos los sentidos, lo que nos obliga llegar a ellos con la oportunidad debida, con la eficiencia que se espera de nosotros y con la alegría de saber que somos parte de una función especial, que se realiza en forma especial y que necesita personas especiales. Muchas gracias por haberme acompañado este mes.

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