La denuncia ciudadana en el combate a la criminalidad

Por Bernardo González Garza / Procurador de Justicia de NL

Si bien ha sido profusamente explorada la relación que existe entre la participación ciudadana y la incidencia delictiva, las estadísticas siguen indicando que un importante porcentaje de los delitos no se denuncian en México, sin que pueda excluirse de ello alguna entidad federativa. Nuevo León, desde luego, no es la excepción, si bien ha sido política de las instituciones de seguridad pública en el Estado promover permanentemente la cultura de la denuncia ciudadana, aún no hemos alcanzado los niveles esperados, en virtud de una falta de interés de las víctimas de algún delito, lo que deriva en la denominada “cifra negra” de la criminalidad, es decir, el número de delitos no registrados y que por ende no forman parte de las estadísticas delictivas oficiales.

Esta estadística fantasma, ha tenido como causas, entre otras, la desconfianza en las autoridades, expectativa negativa del resultado de la denuncia, atención deficiente de los agentes receptores de la denuncia, temor a venganza del probable responsable del delito, la idea de trámites largos y engorrosos aunado a la poca probabilidad de reparación del daño (razones de costo-beneficio), lo que por años ha venido desestimulando al ciudadano para poner en conocimiento del ministerio público el hecho delictivo del que ha sido víctima o del que ha tenido conocimiento, redundando en las débiles cifras con que cuenta la autoridad, y en consecuencia la inexacta determinación de las políticas del Estado para enfrentar al crimen. Aunado a lo anterior, antes del 2016, había prevalecido la práctica de levantar actas administrativas por aquellos hechos delictivos de que tenía conocimiento la autoridad, para no contabilizarlos en los registros de incidencia criminal a menos que se siguiera el interés de la víctima, lo cual abonada a una muy subjetiva estadística delictiva, práctica ésta que ha sido sustraída de la política de la Procuraduría para mejor informar al ciudadano, sin que ello sea suficiente para aportar a la superación de la cifra negra del delito, por las causas mencionadas arriba.

Sin que sea necesario abundar, es fácil advertir, para la determinación de políticas de combate al crimen, la importancia de contar con estadísticas confiables, lo que trasciende a la realidad en cuanto al número de hechos delictivos que se cometen en una localidad. No basta entonces la relación de hechos denunciados si estos no representan una alta consistencia con el número de conductas punibles desplegadas en un período de tiempo, siendo solo posible con una muy alta participación ciudadana, de tal manera que podamos contar con indicadores más precisos para generar registros reales, que comprendan casi la totalidad de los eventos en cada tipo de delito.

La labor de la Procuraduría, ha de incluir entonces, inexcusablemente, políticas que incorporen la mejor atención personal a las víctimas de delitos, campañas de promoción de la cultura de la denuncia, facilitar medios para acceder a las unidades de recepción de denuncias y trámites más ágiles para el efecto, de manera que el ciudadano mejore su percepción del Ministerio Público y acuda con mayor confianza a denunciar los hechos delictivos de que hubiera sido víctima o testigo, lo cual ha venido siendo así desde mi ingreso a la titularidad de la Procuraduría, redundando en el incremento del número de denuncias ciudadanas y en la disminución de la incidencia de algunos delitos, si bien todavía insuficiente para mejorar la percepción de seguridad en los particulares.

Es el caso que, en los últimos meses, la reducción de la criminalidad ha sido evidenciada por diversos medios, destacando la disminución en la incidencia de los delitos de robo a persona y negocio, en los cuales se registra una reducción de hasta el 30 por ciento, sin que consideremos un logro individual de la Procuraduría y demás instituciones de seguridad pública, sino que ello se debe, primordialmente en la disposición de la ciudadanía para denunciar los hechos delictuosos, redundando en una mayor eficiencia de la autoridad quien se ve estimulada, y forzada, a intervenir con mayor empeño en la persecución de los delitos, persuadiendo a los criminales de las menores posibilidades de éxito en su conducta.

De esa manera, la reducción de los índices del delito en el estado en los últimos meses, si bien ha representado un gran esfuerzo, ello solo ha sido posible con la participación de todas las piezas de este delicado rompecabezas integrado por todas las autoridades que tiene a su cargo el combate al crimen, pero principalmente con la participación ciudadana, la que ha otorgado su confianza al denunciar los eventos delictivos, dando así el impulso necesario para nuestra intervención.

La denuncia ciudadana es, en primer término, generador de confianza hacia su Gobierno y es la herramienta perfecta de quienes procuran justicia para iniciar acciones dentro de su marco de actuación, allegando además la información necesaria para contar con datos más veraces que incidirán en el desarrollo de políticas públicas más eficaces. No hay estrategias aleatorias, éstas deben diseñarse dentro de un contexto de información precisa y confiable, que permitan el mínimo margen de error en la toma de decisiones para el combate al crimen en todas sus vertientes. Solo así, es posible alcanzar la deseada disminución de los índices de inseguridad que nos aquejan.

Para abonar a lo anterior, la Procuraduría cuenta actualmente con diversos medios para la recepción de denuncias, debiendo destacar, además de los Centros de Orientación y Denuncia, la aplicación “Denuncia Express” a través de la web www.pgjnl.gob.mx y nuestra unidad de Contacto Ciudadano (o Enlace Ciudadano) con el teléfono 20204100.

La seguridad en nuestro estado no es una responsabilidad individual, es trabajo de todos.

Contacto: bernardo.gonzalez@nuevoleon.com.mx , b.gonzalezgarza@gmail.com