La propiedad intelectual y los trabajadores

Por Arturo Azuara Flores / Director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM

La propiedad intelectual la podemos dividir en dos grandes áreas: la propiedad industrial, en la que se encuentran comprendidas, por una parte, las invenciones, así como las marcas y, por la otra, los derechos de autor, en donde se encuentran comprendidas las obras literarias y artísticas.

La propiedad intelectual se encuentra regulada en México por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA); no obstante, es en la Ley Federal del Trabajo en la que debería regular los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones cuando los trabajos por los cuales fueron contratados generen propiedad intelectual, pero en la realidad no es así.

El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo es el único artículo de la ley que regula esta relación, pero se encuentra limitado exclusivamente al desarrollo de propiedad industrial, es decir, no se regula lo referente a los derechos de autor. El artículo, en resumen, señala que el patrón es dueño del 100 % de las invenciones generadas por el trabajador y solo se encuentra obligado a respetar la calidad de inventor del trabajador y realizar un pago adicional relacionado con la importancia de la invención, el cual podrá ser acordado por las partes o, en su defecto, por la autoridad.

Es en el artículo 84 de la LFDA en donde se habla de los trabajos encomendados, derivados de una relación laboral y, para mi sorpresa, su texto inicia diciendo:

“A falta de pacto en contrario, se presumirá que los derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado.”

Esto quiere decir que si el contrato laboral no habla de un porcentaje, el trabajador y el patrón deberán compartir en partes iguales los ingresos obtenidos del trabajo.

En menudo lío se encuentran todas aquellas empresas generadoras de derechos de autor que, al no ver regulados los derechos de autor de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo, ignoren que la LFDA los obliga a repartir el 50 % de sus ingresos.

Nada de esto sería posible si contáramos con un adecuado proceso legislativo; la verdad es que estamos en la necesidad de contar con congresistas que, si bien no sean abogados, cuenten con los conocimientos técnicos mínimos para saber que todo lo referente a la regulación de las relaciones laborales debería de encontrarse en la Ley Federal del Trabajo y no en leyes alternas.

¿Usted qué opina?

Contacto: arturo.azuara@udem.edu