Matrimonio igualitario

 

Por Mariaurora Mota / Especialista en salud sexual

Actualmente 24 países permiten que dos personas del mismo sexo-género accedan al matrimonio. En México, son ya 13 estados donde se garantiza este derecho. En 2009, la Ciudad de México, fue el primer lugar en América Latina en otorgarlo; en otros estados, el avance ha sido lento, pero sostenido.

Desde un punto de vista estrictamente legal, el derecho al matrimonio igualitario se podría lograr, únicamente cambiando algunos artículos del Código Civil de cada estado; donde dice “hombre y mujer”, se cambia por “dos personas” y se usa la palabra “cónyugue” para referirse a cada miembro de la pareja.

Este cambio, se debió haber hecho desde el año 2000, cuando se modificó el artículo primero de la Constitución Federal, que prohíbe la discriminación; y es responsabilidad de los Congresos Estatales eliminar toda la legislación estatal que discrimine a cualquier persona.

El reconocimiento de este derecho tuvo que seguir otras vías. Desde muchos estados de la república mexicana, se interpusieron amparos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta que finalmente el 3 de junio de 2015, esta emitió la siguiente sentencia: “Matrimonio. La ley de CUALQUIER entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es INCONSTITUCIONAL”. En una democracia, existe una clara separación de poderes, de tal suerte que el poder judicial, NO puede ordenar al Legislativo que cambie las leyes.

Otra forma de lograr este mismo objetivo fue como en los casos de Jalisco, Chiapas y Puebla, en donde los Congresos hicieron cambios sobre el matrimonio (no relacionados con matrimonio igualitario), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó una acción de inconstitucionalidad, la cual fue aceptada, y así las leyes que mencionan hombre-mujer fueron invalidadas.

En el caso de Nuevo León, en la resolución de un amparo de abril de 2017, la SCJN “advierte que esta decisión constituye la SEGUNDA ocasión consecutiva en la que este órgano jurisdiccional determina la inconstitucionalidad del artículo 291 bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León”. Además, es un clamor social el reconocimiento de este derecho, ya que se han presentado en el Congreso más de 10 iniciativas de ley y se realizó un plantón de 60 días.

Hacemos un llamado, para que, en este periodo, el Congreso de Nuevo León atienda esta demanda ciudadana, que contribuirá a la construcción de una sociedad más incluyente.

 

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