¿Quién pagará los platos rotos?

 

Por Julio César Puente Ledezma / Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León

La incidencia delictiva en Nuevo León registra cifras preocupantes, tal y como han quedado registradas en las llamadas al 9-1-1 y las denuncias, tanto presenciales en los CODES como electrónicas en la plataforma virtual. Si a esto añadimos que, de acuerdo a diferentes estudios nacionales, se estima que el 80 por ciento de delitos no se denuncia, la cifra es aún mayor.

El costo nacional del delito y la violencia para los gobiernos, las empresas y la sociedad, representa un impacto anual de 1.5 billones de pesos o el 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo a un estudio publicado hace unos meses por el programa Juntos para la Prevención de la Violencia (JPV), auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En el ámbito local, datos que conforman las estadísticas oficiales revelan que robos a casa habitación, negocios, personas y automóviles — con o sin violencia— extorsiones, narcomenudeo, lesiones, homicidios y feminicidios, son los delitos con mayor frecuencia.

En este sentido, más allá de las tareas policiales —preservación de escenas del crimen, llenado de informes homologados, cadena de custodia, investigación, presentación de presuntos delincuentes ante los ministerios públicos— que son trascendentales, es necesario voltear a las causas generadoras de la violencia y los delitos. Aumentar las penas o saturar los penales, de acuerdo a la evidencia que se tiene, no resulta en una disminución real de los delitos.

Programas y estrategias van y vienen. La combinación de aciertos y fracasos tiene relación directa con la atención de los problemas desde el tiempo y lugar donde se originan: convivencias de familias en pugna, tejido social roto, desempleo o empleo mal remunerado, difícil acceso a los sistemas de salud, movilidad paupérrima y corrupción que, en sinergia, crean un ambiente contrario al orden y la paz social.

Con todo en contra, ciudadanos que muchas veces tienen como segunda casa la calle y/o el trabajo —donde pasan dos tercios de su vida— sufren la pérdida a manos de los delincuentes de lo que han logrado comprar con esfuerzos y pagos parciales —una computadora, un celular, su automóvil—. Luego de las denuncias, sabedores de que difícilmente podrán recuperar lo robado, les pedirán facturas, números de serie, testigos, constancias de anterior propiedad y posterior falta. Como resultado, sobrevienen traumas y desajustes emocionales de complicada superación. A todo esto, ¿quién pagará los platos rotos?… usted acertó.

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