“Urge hacer campañas de respeto a las mujeres”

Por Ileana Reyes

Monterrey.- La diputada Carolina Garza Guerra señaló que aunque ya se tipificó el delito de feminicidio, éste no ha ido a la baja en Nuevo León, sin embargo reconoció que el problema no es de normativas, sino de cultura.

En este sentido, exhortó a las autoridades a implementar medidas de concientización acerca del valor y el respeto hacia las mujeres a fin de crear una cultura que lleve a la reducción de la violencia contra ellas.

“Creo que estamos inmersos todos, en Nuevo León estamos inmersos en una cultura que se llama de la muerte, cultura de la violencia, en donde es una tristeza que Nuevo León esté en esto. Lo que se debe de hacer es tratar de hacer campañas a nivel de gobierno, a nivel estatal, en lugar de algunas campañas que son muy superficiales… que se hagan campañas a favor del respeto a la vida. Yo creo que eso es lo único que va a hacer disminuir los feminicidios.

“Mientras no  haya respeto por la persona, así sean hombres, mujeres o niños, esta violencia no va a disminuir en el Estado”, dijo Garza Guerra.

La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género señaló que la aplicación de las leyes va de la mano de la creación de una cultura del respeto hacia la vida.

Según datos de Cadhac, han ocurrido 760 feminicidios del año 2000 a la fecha en el estado de Nuevo León, de los cuales 81 corresponden a este año 2013.

Así mismo, las desapariciones de mujeres no han cesado, vinculándose en ocasiones a otros delitos, como la trata de mujeres o justamente el feminicidio.

Es de mencionar que a través de la tipificación del delito de feminicidio las reformas establecen que se impondrá sanción de 25 a 50 años de prisión y una multa de 4 mil a 8 mil cuotas a quien cometa el delito de feminicidio, con lo que se impondrán de 30 a 70 años de prisión si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental.

Del mismo modo al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente o por negligencia la procuración o administración de la justicia, se le impondrá pena de 3 a 8 años de prisión y de 500 a mil 500 cuotas, y será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro cargo público.