¿Y la discapacidad laboral cuándo?

Por Arturo Azuara Flores / Director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006, la cual se encuentra firmada y ratificada por el gobierno mexicano desde 2007, señala en su artículo 27 que los estados firmantes deberán reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Esto implica que en este segmento los trabajadores tengan la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo con una remuneración justa, en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible.

Si bien dentro de las reformas que en 2012 se hicieron a la Ley Federal del Trabajo (LFT) no se adicionó ningún apartado especial para los trabajadores con discapacidad era de esperarse que en la actual reforma publicada el 1 de mayo del presente año se tocara este tema, el cual no fue incluido.

Atendiendo a las cifras del INEGI en México, casi el 7 por ciento de su población vive con algún tipo de discapacidad, si a esto le sumamos que algunas de estas personas requieren del cuidado de otra para poder realizar sus actividades cotidianas, la cifra puede rebasar el 10 por ciento, esto en números representa más de 12 millones de habitantes que actualmente no cuentan con las condiciones para acceder a un trabajo.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad es costosa, ya que el solo hecho de tener que adecuar las instalaciones del centro de trabajo para su acceso acarrea un desembolso que difícilmente será resuelto por la iniciativa privada, ya que de las 4.2 unidades económicas de México el 99.8 por ciento son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES); por otra parte, el gobierno es el principal empleador, ya que más 4 millones de servidores públicos laboran en las diferentes instituciones de la administración pública en sus diferentes niveles.

¿Qué podemos hacer si la LFT no contempla este tema?

Lo mejor hubiera sido que en la LFT incluyera, dentro del capítulo de trabajos especiales, el tema de las personas con discapacidad, pero ya que esto no sucedió, podemos corregirlo con acciones tendientes a que el gobierno establezca para sí mismo la obligación de contar con cierto número de cuotas que lo obliguen a contratar personas con discapacidad. Para la iniciativa privada, las cuotas no las considero una opción, atendiendo a que en su mayoría son PYMES, pero el crear incentivos fiscales o algún otro estímulo para promover la accesibilidad y contratación de personas con discapacidad podría ser una opción.

¿Usted qué opina?

Contacto: arturo.azuara@udem.edu